El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este viernes primer ministro a su aliado centrista y veterano político François Bayrou, de 73 años, con el reto de aglutinar una mayoría parlamentaria que impida su caída y agravar aún más la crisis política.
“El nombre de François Bayrou se impuso estos últimos días como el más consensual”, aseguró el entorno de Macron, quien le encargó “dialogar” con el resto de partidos, salvo de extrema derecha e izquierda radical, para lograr una “estabilidad”.
El alcalde de Pau, en el pirenaico suroeste de Francia, sucederá así al conservador Michel Barnier, de 73 años, quien cayó el 4 de diciembre en una moción de censura cuando intentaba aprobar los presupuestos para 2025. El traspaso de poder está previsto a las 4:00 p. m. locales.
Bayrou es un viejo conocido de la clase política. Su consagración nacional llegó con su nombramiento en 1993 como ministro de Educación, en un gobierno de derecha durante la presidencia en Francia del socialista François Mitterrand.
Desde entonces, encadenó los mandatos de diputado, eurodiputado, alcalde como líder de su formación centrista llamada Movimiento Demócrata (MoDem) desde 2007 y se presentó en 2002, 2007 y 2012 a la elección presidencial en Francia, sin éxito.
Para la elección de 2017 decidió apoyar a Macron, quien irrumpió desde el centro del tablero político con un discurso reformista, y este le correspondió nombrándolo ministro de Justicia, cargo en el que solo estuvo 34 días.
Una investigación judicial sobre la contratación fraudulenta de asistentes en el Parlamento Europeo lo forzó a dejarlo. En febrero de este año, la justicia condenó a MoDem pero absolvió a su fundador en nombre del “beneficio de la duda”.
Aunque el caso sigue abierto después que la fiscalía recurriera la sentencia, esto no impidió su nombramiento. La incertidumbre ahora es saber si logrará una mayoría parlamentaria. La composición del futuro gobierno y sus prioridades serán claves
¿Qué mayoría?
Barnier, que gobernó sin mayoría con la alianza centrista de Macron y su partido conservador Los Republicanos (LR), dependía en el Parlamento de la líder ultraderechista Marine Le Pen, que lo dejó finalmente caer tras sólo tres meses en el cargo.
Durante el trámite de los presupuestos, la extrema derecha apoyó una moción de censura presentada por la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP), al considerar que el exnegociador del Brexit no respondía a sus reclamos.
Su censura agravó la crisis política desatada en junio por Macron con un inesperado adelanto de los comicios legislativos de 2027, que dejaron una Asamblea (Cámara Baja) sin mayorías claras y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.
Pero la presión es mayor. La segunda economía de la UE cuenta con unos elevados niveles de déficit y deuda públicos para la zona euro, y los frustrados presupuestos de Barnier preveían una fuerte disminución del gasto público para tranquilizar a los mercados.
En este contexto, socialistas, comunistas y ecologistas, aliados del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) en el NFP, se abrieron a discutir un gobierno con la alianza de Macron y con LR, poniendo a su coalición de izquierdas al borde de la ruptura.
LFI ya anunció que presentará una moción de censura contra Bayrou, mientras que la ultraderecha y los ecologistas expresaron sus condiciones para no tumbarlo. Los comunistas calificaron de “mala noticia” su nombramiento. LR y socialistas todavía no se pronunciaron.
Con la mente de los partidos puesta ya en la presidencial de 2027, a la que ya no puede presentarse Macron, estos no quieren estar vinculados al legado de un presidente impopular ni ser considerados responsables de la inestabilidad política.
Sólo un 21% de franceses confían en Macron, su nivel más bajo desde su llegada al poder en 2017, según un sondeo de Elabe.
Otra encuesta de Ifop-Fiducial coloca en cabeza de la primera vuelta de la próxima presidencial a Marine Le Pen, a la que la justicia podría inhabilitar en 2025 en un caso similar al de Bayrou.
A la espera de que un nuevo gobierno pueda aprobar los presupuestos para 2025, el actual Ejecutivo en funciones presentó una “ley especial” para prorrogar los de 2024 y poder cobrar los impuestos.